Con distintas posturas y argumentos, varios intendentes del Frente de Todos y de Juntos parecen coincidir en algo: en 2023 debe estar habilitada otra reelección. O sea, quienes ganaron sus distritos en 2015 y en 2019 tienen contar con la posibilidad de revalidar otra vez el mandato.

Tras los comicios legislativos del pasado 14 de noviembre, los jefes comunales ya piensan en 2023 y la ley provincial N° 14.836, el escollo que cortó con las reelecciones indefinidas, es el punto de discusión entre oficialistas y opositores.

La normativa, que se aprobó durante la gestión de María Eugenia Vidal con el apoyo del massismo, sostiene que los intendentes y concejales que han sido reelectos “no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período”.

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La posición de varios jefes comunales del Frente de Todos es tajante: la ley debe cambiarse y se deben permitir las reelecciones más allá de los dos mandatos. Hoy mismo, el gobernador Axel Kicillof recibirá a un grupo de intendentes que llevarían un boceto para modificar la normativa. 

En este marco, el alcalde peronista de Laprida, Pablo Torres, pidió en las últimas horas que “sean las y los ciudadanos los que lo decidan”. “Lo que no se hace en 8 años difícil se haga en 12, incluso por una cuestión de energía”, admitió Torres en diálogo con Radio Provincia, pero indicó que cuando analiza la cuestión desde el votante “pienso: ¿por qué una ley va a limitar mi derecho a votar a un candidato?”.

La ley impulsada por Vidal viene siendo rechazada fuertemente desde hace tiempo por varios intendentes peronistas como Mario Secco (Ensenada), Ricardo Moccero (Coronel Suárez) o Gustavo Barrera (Villa Gesell). La posición de muchos la resume una frase de Pablo Zurro (Pehuajó): “El límite para la reelección de los intendentes es la gente”.

Por su parte, hoy el intendente de Tigre, Julio Zamora, planteó que la ley es inconstitucional. “Si seguimos lo que se denomina la pirámide jurídica, esa ley estaría objetada por inconstitucional porque legisladores no pueden modificar cuestiones que hicieron los constituyentes de la provincia de Buenos Aires”, dijo en diálogo con FutuRöck y aportó otra mirada.

Del otro lado, hay intendentes de Juntos que (de maneras más o menos moderadas) se muestran a favor de mantener la norma, aunque sostienen que la misma habría entrado en vigencia con el inicio de los mandatos de 2019 ya que fue sancionada en 2016. Esta visión habilitaría las re-reelecciones para 2023 y patearía la discusión hasta 2027.

“Está bien ponerle un límite a las reelecciones. Dos mandatos me parece que está correcto. Lo que no está correcto es el punto de partida. No podemos pensar que el primer ejercicio es el 2015-2019 cuando se sancionó una ley en 2016”, dijo este miércoles el intendente radical de Brandsen, Daniel Cappelletti.

Cappelletti participó ayer de un encuentro de jefes comunales radicales en Saladillo y sostuvo que su postura sobre las reelecciones es la generalizada entre los intendentes de la UCR que son abogados.

En diálogo con DIB, también se expresaron de esa forma Carlos Santoro (General Madariaga) y Facundo Castelli (Puan). “Estoy de acuerdo con una revisión legal de ese tema. Es decir si puede ser retroactiva o no”, aclaró el último.

En tanto, en las últimas horas se mostraron en sintonía los jefes comunales PRO Diego Valenzuela (Tres de Febrero), quien dijo que “sería raro que una ley corra para atrás”, y Ezequiel Galli (Olavarría), al sostener que “el límite de la reelección siempre es sano” pero que está en discusión si “puede ser retroactiva o no”.

En otra línea, el jefe comunal de Bahía Blanca le dijo a esta agencia que avala “totalmente la ley vigente” y que “no es momento de borrar con el codo lo que se escribió con la mano”, mientras que evitó opinar si se debe tomar como primer mandato el 2015 o el 2019 y sostuvo que esa “es una discusión para juristas”.

Si la normativa se mantiene como está y se aplica desde 2015 de manera estricta serán unos 96 jefes comunales bonaerenses (de los 135 distritos) los que no podrán presentarse en 2023 para ser revalidados. Si se modifica, resta saber si habrá un costo político y a quién le tocará pagarlo.

FUENTE - AGENCIA DIB